El arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, envió a mediados de septiembre una carta -y adjunto un informe- al presidente Sebastián Piñera, donde le indica que “no resulta conveniente” que el Estado chileno suscriba y ratifique la Convención Interamericana Contra Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, adoptada en la 43º asamblea de la OEA. Lo anterior porque, en su opinión, abre distintos flancos, entre ellos la ampliación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que califica como altamente “politizada en especial en las materias que conciernen al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, a la familia fundada entre un hombre y una mujer y al deber preferente de los padres a educar a sus hijos”. Para sostener esto último citó el reciente fallo de la entidad en favor de la jueza Karen Atala por ser discriminada por su orientación sexual, criticándolo veladamente.
El informe adjunto a la misiva establece que la “convención está fuertemente ideologizada por visiones de género”, “no existe necesidad de nuevas normas”, porque ello incluso atentaría contra los derechos humanos.Ambos documentos a los que tuvo acceso exclusivo The Clinic Online en fuentes del arzobispado, señala: “En líneas generales, la Conferencia Episcopal, por Intermedio del Comité Permanente, estima que sería sumamente complejo la suscripción y ratificación del presente tratado en razón de que
la convención introduce una nueva conceptualización de la noción de ‘discriminación’ dentro de nuestro ordenamiento, ajena a la contenida en nuestra Constitución y a aquella establecida en la Ley Nº 20.609 (Ley Zamudio), recientemente aprobada.En esa línea Ezzati asegura que si Chile confirma el documento interamericano, “nuestra realidad podrá ser motivo de innumerables dificultades para la vigencia de algunos derechos fundamentales”, aduciendo que la convención tiene una “visión muy parcial y unilateral de los temas de aborda”.
Ezzati, para ratificar sus dichos, adjuntó un informe de 7 páginas, que también publica este medio, donde analiza cada uno de los puntos del instrumento de la OEA, insiste en “desaconsejar esa ratificación por parte del Estado de Chile”.
¡Orientación sexual!Según el informe, la convención es innecesaria, excede el derecho chileno y atentará contra la libertad religiosa “y otras libertades”. ¿A qué se refiere Ezzati?
Pues bien, la iglesia chilena estima que los criterios de discriminación usados por la OEA son “excesivamente extensos y ambiguos”, porque incluyen “el sexo, la orientación sexual, identidad y expresión de género”, lo que según Ezzati no se encuentran identificados en el instrumento en cuestión y exceden la Ley Zamudio.
En el documento el prelado asegura que la OEA le quiere pasar gato por liebre al Estado chileno, ya que incluye el “concepto democrático dinámico”, cuestión que le dejaría manga ancha al Poder Judicial para resolver e interpretar la ley chilena, “lo que implicaría burlar la voluntad del legislador”.
Y dice el informe:
“Dentro del lenguaje de los derechos humanos, esto permitiría, especialmente al juez nacional o internacional, ampliar los criterios de discriminación más allá del texto del tratado ratificado por los estados, dando un amplísimo margen a la interpretación judicial o extrajudicial”.El informe incluso va más allá. Establece que de ratificarse
se atentará contra la libertad religiosa e incluso -sí, lea bien- la de expresión. En esa línea, la iglesia chilena está encontra de que la OEA separe las leyes del estado de las religiosas, cuestión que en Chile sucedió con la Constitución de 1925.
“Esta afirmación, que en principio podría aparecer aséptica, adquiere un significado específico dentro del contexto del sistema internacional de derechos humanos. Implicaría que los conceptos del derecho natural, entendidos por muchos como conceptos meramente religiosos, no podrían ser considerados para efecto de las distinciones realizadas por órganos públicos o entidades privadas”, señala el informe eclesiástico.
Jurisprudencia
La preocupación de Ezzati tiene un asidero legal, porque en noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo por unanimidad, en el llamado
caso Artavia Murillo. En esta resolución la CIDH, señaló que la prohibición para acceder a la fecundación in-vitro en Costa Rica violaba los derechos humanos. La determinación ha sido analizada y valorada por los grupos antidiscriminación como un salto cualitativo para la libertad de género y la despenalización del aborto.
A la iglesia tampoco le gusta que la Convención incluya la obligación del Estado chileno de terminar con el apoyo financiero a instituciones privadas que realicen “actividades discriminatorias o promuevan la intolerancia”, como señala el instrumento de la OEA.Por este concepto, señala el informe de la iglesia,
la libertad de enseñanza estaría en serio peligro: “debe considerarse que de acuerdo al ideario cristiano de muchos establecimientos educacionales en Chile de tipo subvencionado,
cierto tipo de distinciones basadas en los criterios de religión, sexo u orientación sexual, son perfectamente aceptables desde la perspectiva del derecho. Sin embargo, las mismas pasarían a ser ilegítimas (…) ellas serían constitutivas de discriminación”. En otras palabras,
la iglesia teme que para no incumplir los compromisos internacionales, el Estado le quite lucas a colegios, algunos administrado por los propios curas, que rechacen la sola existencia cualquier identidad de género o relaciones con personas del mismo sexo.En la misma línea la iglesia asegura que como la Convención pretende “prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, la elaboración y utilización de contenidos (…) pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preceptos” de naturaleza discriminatoria, permitiría al Ministerio de Educación “revisar planes y programas relativos a temas moralmente sensibles”. Y más: porque temen que ello también podría implicar discriminación en los procesos de selección de alumnos en colegios cristianos particulares pagados o subvencionados.
