http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110414/pags/20110414185302.html¿Jaque Matte a Magdalena? Todo apunta a que "se burlaron" de la ministra de Vivienda para armar un más que millonario fraude al fisco. Abogado de confianza de Matte, está querellado en otro juicio por estafa
El abogado Alvaro Baeza ya no aparece como asesor ministerial en Gobierno Transparente del Minvu. Estuvo ahí, con honorarios de $2.5 millones mensuales, el 2010. El profesional encabezó negociaciones para pagar 35 millones de dólares a una empresa en un trabajo que la Contraloría tasó en sólo ¡95 millones de pesos!
Sin duda la investigación de la fiscalía por el "casi" pago de 17 mil millones de pesos desde el ministerio de Vivienda a la constructora Kodama, cuyo fin habría sido evitar una demanda de parte de esa empresa debido a problemas en la construcción de un corredor del Transantiago, mantiene los ojos en esa cartera de la justicia, el mundo político y La Moneda. Ya el caso se le ha llamado como el "Minvu-GATE" por la cuantía de los montos involucrados.
Para los próximos días debería determinarse una comisión investigadora, para saber porque se iban a pagar estos 35 millones de dólares.
Nuevamente el costo de una administración ineficiente, con grietas en todos los controles de gestión, y que incluye abusos de confianza, están remeciendo los cimientos del Minvu y amenazan que el polvo del derrumbe llegue a oscurecer hasta el palacio de gobierno.
El inicio de esta historia se remonta al año 2007, cuando la constructora Kodama fue contratada para la creación del Corredor Pedro Aguirre Cerda, en la comuna del mismo nombre. Desde ahí surgieron un sinnúmero de problemas que tuvieron que ver con demoras de parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), dependiente del Minvu.
Para compensar aquello, en el 2009 Kodama hace una primera reclamación por gastos generales extras por un total de aproximadamente 7.000 millones de pesos que el Serviu no reconoce, ofreciendo en cambio un monto de $959 millones por demoras en una obra, que la Contraloría rebaja a $95 millones, por considerar que esa obra no forma parte del contrato original, por lo que debe ser calculado su atraso respecto de su contrato específico y no del contrato original.
Cuando cambia el gobierno y llega la actual administración de Sebastián Piñera, Kodama pide una reunión con la ministra recién asumida Magdalena Matte (UDI). Esta, según la empresa, se realiza el 8 de junio de 2010. En ella, la ministra recomienda hacer una reclamación formal, la que fue ingresada el 2 de agosto de 2010.
A partir de esta reclamación, siempre según Kodama, se convoca a la empresa a una reunión que sería clave para definir el resultado del problema. La ministra Matte recibe a cuatro representantes de Kodama: Kenji Kodama y tres abogados: Darío Calderón, Rodrigo Alcaíno y Matías Cortés. En la amplia sala de reuniones hay más personas.
La ministra señala que debe atender otros asuntos oficiales, pero que deja a su asesor personal de su absoluta confianza por cerca de 20 años, el abogado Álvaro Baeza (pro UDI) a cargo de la reunión. Aquí es donde comienza a tejerse la historia que hoy en día termina cuestionando nuevamente al ministerio de la Vivienda.
Apenas sale la ministra, Baeza toma el control de la discusión y presenta a los demás asistentes: el nuevo director del Serviu, Antonio Llompart (pro UDI); el subdirector jurídico, Rafael Marambio, y el subdirector de Pavimentación, Franz Greve.
Desde entonces el asesor de absoluta confianza de Matte es quien dirige las reuniones y encuentros con la empresa. En esa primera convocatoria, el también abogado establece que se debieran juntar a lo menos dos veces por semana, los martes y los jueves, que dejarían resuelto este problema en 90 días, y que lo que necesite la empresa discutir fuera de esos días se puede hacer directamente por teléfono.
Cosa que ocurre con relativa frecuencia en esos meses desde la primera reunión, a fines de agosto, hasta que se acuerda el monto que ofrece el Serviu de $17.000 millones, incluido IVA, a principios de diciembre, que concuerda bastante con el Informe del Dictuc, organismo técnico de la Universidad Católica, contratado por Kodama y presentado al grupo de trabajo, que considera se debe pagar a la empresa alrededor de ese monto.
El decreto de pago de los 17 mil millones de pesos llega al escritorio de la ministra que lo firma "en forma ingenúa y torpe" para algunos parlamentarios. La ministra Matte dice que lo firma porque venía con las firmas de otras personas de su confianza que ella había llevado al ministerio:
"Porque venía solicitado por el director del Serviu, Antonio Llompart, y tenía las firmas del subsecretario (s), Guillermo Rolando; de la jefa de la división jurídica, Mirna Jugovic, y de Carolina Arrau, asesora legislativa" dice textual en una entrevista en un medio digital.
Aunque todo aparentemente caminaba fluídamente, los plazos legales no coincidieron. Eso dio pie para que la constructora demandara al Serviu por un monto de $41.550 millones sin IVA.
¿Quién es el abogado de confianza de la ministra Matte?
Si bien la empresa constructora ha insistido en reiteradas oportunidades que Alvaro Baeza era el mandatado para coordinar el grupo de trabajo, que asistió a varias reuniones en tal sentido y que mantuvo negociaciones telefónicas con abogados de Kodama, también varias veces, la ministra lo contradice asegurando que "es asesor del gabinete, pero no firmó absolutamente ningún papel. Tampoco participó en ninguna reunión", tal como lo afirmó al diario La Segunda.
Alvaro Baeza ya no aparece como asesor ministerial en la página de Gobierno Transparente del Minvu. Estuvo ahí, con honorarios de $2.5 millones mensuales el 2010. La ministra ha dicho que fue iniciativa de Baeza dejar el ministerio, "por razones de transparencia".
Sin embargo, no es el único caso confuso o con ribetes más bien oscuros que tiene su huella. En el 2007 surgió la disputa por las Canteras de Colina, cuando el abogado Hernán Montealegre interpuso querellas contra la Inmobiliaria La Reserva, que era defendida por Álvaro Baeza Guíñez.
Aquella se dio en el contexto de la presunta firma ilegal de un documento conocido como Acuerdo Marco, por medio del cual se entregó 210 de las 250 hectáreas de pertenencias mineras de la Asociación de Canteros al proyecto inmobiliario de un lujoso desarrollo habitacional en la zona de Chicureo.
En la negociación, dicha inmobiliaria iba a pagar 800 millones de pesos a los canteros, suma que fue cobrada en su totalidad por el abogado Baeza Guíñez, por concepto de honorarios profesionales.
Montealegre acusa de estafa lo anterior, debido al detrimento patrimonial de los mineros, ya que perdieron 210 hectáreas de pertenencias y las UF40.000 que iban a recibir por la transacción, sin que se entienda cuál fue "el gran negocio que hicieron los canteros de Colina".
En conversación con Cambio21, el abogado Hernán Montealegre aseguró que "Baeza y otras 11 personas están imputados por haber estafado a la Asociación Gremial de Canteros de Colina; además, él actuó contra su propio cliente por lo que fue interpuesta una querella por prevaricación del abogado, y si bien no han sido formalizados, durante la próxima semana enviaré un escrito para que lo sean".
Además el profesional dejó entrever que se estaría repitiendo la historia de las Canteras con el Minvu:"Fue el señor Baeza quien oficializó las conversaciones, pero aún así engañó a sus clientes".
"Ahora, no sé si se trata de lo mismo, pero al menos en ambos existe una acción fraudulenta, un engaño que causa perjuicio en el patrimonio, ya sea de un particular o del fisco"
Agregó que "en el caso de los Canteros estamos hablando de una estafa muy grande y yo estoy plenamente convencido de su culpabilidad".
Por este caso, Baeza en el 2008 fue acusado de falsedad ideológica, acusación que coincidentemente el diputado Juan Carlos Latorre (DC) vuelve a poner en el tapete, al asegurar a Cambio21 que la única manera que el Serviu no cancele los 17 mil millones de pesos es que la fiscalía decrete "fraude procesal por falsedad ideológica". Cabe recordar que Latorre pidió formar una Comisión Investigadora por considerar los hechos ocurridos "gravísimos".
¿Otro caso más?
Sin embargo no son los únicos eventuales ilícitos en que estaría involucrado Baeza. El director de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman indicó a Cambio21, que el abogado había estado "metido en temas de permisos de edificación en Temuco, lo que según los mismos ciudadanos era irregular".
Esto principalmente porque el municipio había autorizado la construcción de un edificio de 12 pisos, proyecto que ejecutaría la empresa Ebcosur S.A., dónde sólo se permiten edificaciones de hasta cuatro niveles.
Sin embargo después se canceló el permiso,"y ahí fue cuando llegó este señor Baeza, quien aseguraba representar a la Ministra, pero luego pasó algo increíble...se había anulado la cancelación del permiso".
"Situación que para nosotros es altamente sospechosa, porque este es un personaje que tiene un perfil de lobista, es decir que tiene diversas habilidades de hacer lo que le dice su mandante", indicó Herman.
Por ahora, la policía ya ha incautado computadores de varios importantes personeros del Minvu, incluído el del abogado Baeza. Y la ministra, como una letanía repite en los medios de comunicación y en los círculos políticos que ella envio los antecedentes a la justicia para que "caiga quien caiga" y que rueden las cabezas de quien fuere. Y el ministro Hinzpeter señala que estuvo a punto de cometerse un gigantesco fraude al fisco.
Pero alguien tendrá que "pagar" políticamente, una acción ineficiente para cuidar las platas de todos los chilenos...
