Sapben, salga quien salga electa de las dos viejas cu....l .... e ... adas, para mi y para muchos todo seguira igual.
algunos reciben mas o menos bonos, y pare de contar
¿Seguro que es lo mismo?
Acá les refresco la memoria con unos pillizcos de información fácil y ni siquiera están las mayores del 2009
Año 2007
Institución: Chiledeportes V Región
Caso: El año 2005, funcionarios de la entonces Dirección General de Deportes de la V Región realizaron una fiesta de fin de año con un costo aproximado de $3.155.980 y que contó con la participación de 52 funcionarios de la entidad.
Desarrollo: El financiamiento de esta actividad se gestó mediante la triangulación fraudulenta de dineros obtenida mediante la creación de un código de proyecto falso denominado “Eventos deportivos recreativos familiares en Limache” por la suma de $3.155.980, de esta suma solo se destinaron a comida y bebida $1.372.000 y $120.000 en transporte desde Valparaíso a Limache.
Resultado: A comienzo de 2009 el Ministerio Público formalizó por fraude al fisco al entonces director de Chiledeportes de la V región Luis Céspedes Castillo y pidió un plazo de 6 meses para cerrar la investigación. No tenemos datos del resultado de toda la gestión que estaba a cargo del fiscal Cristián Andrade.
Año 2008
Institución: Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Caso: Se inicia un sumario por parte de la Contraloría General de la República dentro de la SEC generada por una denuncia emanada de sus propios funcionarios por una presunta malversación de fondos públicos desde el año 2005 cuando Claudio Espejo era el Superintendente.
Desarrollo: Se determinó que el total de dineros involucrados era la suma de $90.000.000. Se cuestiona además la existencia de pagos a cargos inexistentes, esto es, a los jefes zonales en cada región toda vez que existía el cargo Jefe Regional.
En el desarrollo de la auditoría se sancionó al jefe del Departamento de Administración, Christian Miño, al Jefe del Departamento de Productos, Jaime González, y al encargado de Control Presupuestario de la Superintendencia, Rodrigo Ruz. También fue objeto de cargos la Superintendenta Patricia Chotzen (DC) ya que ella declaró respecto de los jefes zonales señalando que los cargos habrían sido creados para los mismos directores regionales, quienes tenían, supuestamente, una doble función.
Resultado: Existe un sumario interno del cual no tenemos información.
Institución: Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones
Caso: La venta de frambuesas en vehículo fiscal
Desarrollo: Descripción del caso: Elinett Wolf, es experta en telecomunicaciones pero desde que arribó al cargo de subsecretaria de Transportes ha demostrado su espíritu emprendedor ofreciendo frambuesas a restaurantes del centro de Santiago. Su chofer, ex hombre de confianza de Guillermo Díaz, sería el encargado de repartir los pedidos en el vehículo fiscal asignado a la mujer. Por absurdo que parezca, la práctica contraviene la ley de probidad.
La ley de probidad es clara en especificar que a los subsecretarios, al igual que a los ministros y a otros funcionarios de confianza de la Presidenta, les está prohibido desempeñar actividades económicas ajenas a su cargo, así como ocupar infraestructura estatal para cuestiones distintas al trabajo público.
Wolff dejó su cargo luego que se diera a conocer que había utilizado un automóvil fiscal para hacer entregas de frambuesas a restoranes capitalinos, como parte de un negocio familiar.
Resultado: Destituida Elinett Wolff.
Institución: Dirección Metropolitana del Sename
Caso: Uso de vehículo fiscal para actividades políticas
Desarrollo: Los dirigentes sindicales y funcionarios del Sename, denunciaron a las autoridades que la directora metropolitana de ese servicio, Verónica Tobar, estaba usando el vehículo hasta para ir al Partido Socialista, del cual es miembro del comité político. Denuncian además, que habría realizado compras en la Vega Central y viajes a centros comerciales, controles médicos y a su domicilio en La Florida.
La fiscal interna de la entidad, Rebeca Gallardo, tras recibir las denuncias, instruyó un sumario administrativo. La sorpresa fue, al revisar la bitácora del vehículo, pues le faltaban dos hojas, que correspondían a los días viernes 28 y lunes 31 de marzo. Como el hecho puede configurar delito, se trata de un instrumento público, se decidió poner los antecedentes a disposición de la fiscalía de Ñuñoa.
Según el dirigente sindical, Abdul Flores, precisamente las hojas que faltan de la bitácora corresponderían a viajes relacionados con las elecciones del partido socialista.
Resultado: Verónica Tobar renuncia el 1 de julio de 2008.
Espero prontamente subir los casos de 2009 hasta el final del mandato de Michelle Bachelet, los cuales son bastante extensos y recordados.
Institución: Programa Puente
Caso: Plan social elaborado bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, paso primario para el llamado “Chile Solidario”
Desarrollo: De acuerdo a cifras entregadas por Contraloría General de la República 263.503 familias pasaron de una u otra manera por este programa de gobierno, es decir, 948.000 personas con un gasto fiscal de $86.000.000.000.
Se detectaron irregularidades desde un principio. El total de las cifras manejadas según las bases de datos del Estado existe un descuadre de 7.981 familias que no debían estar adscritos al programa, sumado a que respecto de los pagos que el INP (insitución a cargo de pagar los bonos generados por este programa) hay una diferencia no menor de $7.000.000.000. A juicio de la Contraloría dicha situación deberían haber sido reparada en su momento.
Con todo existen 105 muertos que entraron al programa, 10.400 Cédulas de Identidad Nacional duplicadas, 81.000 familias que no cumplían con los requísitos mínimos para ingresar al programa, 1.050 casos en que el nombre del beneficiario no coincide con los registros oficiales y, como última situación anómala, existían en una cifra identerminada, beneficiarios menores de 18 años.
Resultado: No existe certeza si se iniciaron o no los sumarios administrativos que ordenó la Contraloría realizar.
Institución: Subsecretaria del Trabajo
Caso: La Contraloría detecta rendiciones de cuentas anómalas por $8.142.654.000 de pesos, cuyo destino eran programas pro empleo en distintas instituciones públicas y privadas. No existe la documentación que respalde el traspaso o la manera en que se entregaron dichos dineros a los entes señalados.
Desarrollo: El 31 de octubre de 2007 la Contraloría comunicó al Gobierno que entidades tales como Fundación para la Superación de la Pobreza, Sence, algunas Intendencias, Conaf, Conadi y Prodemu recibieron transferencias de dinero desde la Subsecretaría del Trabajo para llevar a cabo programas por $26.186.000.302 pesos, de estos existían $8.142.654.000 de pesos sin su respectivo comprobante, los cuales se desglosaban en $3.900.000.000 de pesos en el programa Inversión en la Comunidad de las intendencias y 3.300.000.000 de pesos en la ejecución del Programa de Bonificación de Mano de Obra.
Importante es destacar que la Contraloría ya había informado que existían recursos sin rendir por ejecución de Programas de Empleo del periodo 2003 a 2006 del orden de los $3.000.090.163 pesos.
Resultado: No existe denuncia, sumario o acción judicial respecto a este caso.
Institución: CONADI
Caso: Una denuncia hecha por funcionarios de CONADE permitió conocer que casi $2.400.000.000 para comprar predios se adjudicaron en la IX Región a “casos especiales”. Esto significa en cifras casi la mitad del fondo total de tierras que se asigno a la región, esto es $5.280.000.000 de pesos. Todo lo anterior fuera de cualquier concurso público.
Desarrollo: En un principio, se cuestionaban que más de 60, de los subsidios sin puntaje beneficiaban a indígenas de algunas de las comunas del distrito 51, donde Hilario Huirilef, candidato a diputado y que es uno de los 4 mapuches del Consejo Nacional. Su hermano Luis Huirilef es, a su vez, el alcalde PPD de Chol Chol. El otro consejero que estuvo en el comité de preselección del subsidio, que sesionó a puertas cerradas, fue José Santos Millao, concejal por Purén. A esa comuna pertenecen 20 de los mapuches seleccionados fuera de concurso, a los cuales se les asignaron $20.000.000 per cápita por un total de $400.000.0000.
Esta situación irregular trascendió por un funcionario de Conadi, que se negó a firmar la adjudicación, considerándola irregular. La denuncia fue ratificada ante el Ministerio Público por la Asociación Nacional de Funcionarios de Conadi, pero el concurso se adjudicó igual.
La PDI incautó 100 carpetas con actas del concurso y el lonco mapuche de Ercilla, Juan Carlos Curinao, le pidió la renuncia al director nacional de la Conadi. Álvaro Marifil y a sus colaboradores directos por el escándalo en la asignación de subsidios de tierras para casos especiales. El dirigente calificó lo ocurrido en la Corporación, como un acto de corrupción.
Resultado: Se acreditó que hay favorecidos vinculados a los mismos consejeros de Conadi que tomaron la resolución, lo que es contrario a lo establecido en la ley. Aun así no existió ningún tipo de acción judicial, administrativa ni remoción de cargo de los consejeros cuestionados.
Institución: Subsecretaría del Interior
Caso: Se detectó por Contraloría la pérdida de información contable que estaba en poder de la sección de finanzas de dicha repartición respecto de $120.000.000 de pesos sin rendir que, supuestamente, fueron trasferidos en 1998 a las Intendencias del Maule y Coquimbo.
Desarrollo: Los antecedentes respecto a dichas transferencias se mantenían en manos de la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior cuando en Agosto de 2008 fueron solicitadas nuevamente por Contraloría para su revisión. Sorpresa causó que la respuesta del Ministerio del Interior fuera que en diciembre de 2007 dichos documentos fueron destruidos y que a su vez, los comprobantes digitales e informáticos de dichas transferencias de dinero se habían perdido “debido a problemas propios del sistema”.
Resultado: No existe registro de sumario u otro tipo de acción administrativa o judicial tendiente a esclarecer estos hechos.
Institución: Registro Civil e Identificación
Caso: Se descubre una amplia red de desvío de fondos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet, cohecho, utilización de información privilegiada y fraude al fisco. (Reproduciremos el informe referente a este tema en plenitud que desarrollo Instituto Libertad dada su completa explicación)
Desarrollo: En junio de 2007, tras dos intentos previos, el Servicio de Registro Civil e Identificación llamó a licitación pública para que una empresa privada proveyera la plataforma tecnológica, las comunicaciones y la información que permiten, entre muchas otras cosas, la administración de la base de datos de todos los chilenos. El contrato involucra montos superiores a los US$ 80 millones e importa un asunto de seguridad nacional: lo que está en juego es la información más esencial de todos los ciudadanos, desde registros de actas de nacimientos, matrimonios, nulidades, defunciones, antecedentes penales y de ADN hasta catastro de vehículos motorizados, de conductores, aprehensiones y posesiones efectivas. Prácticamente el historial completo de los habitantes de este país.
La licitación siguió cauces de aparente normalidad hasta que en enero del 2008, tras la solicitud de impugnación de una de las empresas (Quintec) concursantes, la Contraloría declaró la nulidad del proceso que favoreció en octubre a la empresa de origen indio TATA Consultancy Services BPO Chile S.A. Los argumentos apuntaron a aspectos de índole formal y obligó a volver a la etapa de evaluación. En marzo el Registro Civil emitió una nueva resolución en que confirmó la adjudicación del contrato a la empresa TATA Consultancy Services. La resolución Nº 796 fue anunciada en el portal Chile Compra. El Director del Registro Civil, Guillermo Arenas (PPD) tenía como el principal asesor en la materia a Andrés Ruperto Contardo Santibáñez, un experto en informática que participó activamente en todo el proceso de licitación, desde la elaboración de las bases hasta la adjudicación de la misma, al tiempo que realizaba asesorías para TATA Consultancy Services en el extranjero.
Las pautas del asesor informático fueron decisivas, formalmente la asignación de puntajes fue responsabilidad de la Comisión Evaluadora y ésta fue designada por el director nacional del Registro Civil, Guillermo Arenas Escudero, guardando un estricto equilibrio político de la coalición gobernante. Al margen del propio Arenas (militante PPD), en ella aparecen Enzo Pistaccchio Sassarini (DC), subdirector de Operaciones; Luis Mella Castro (PS), subdirector de Administración y Finanzas; y José Andrés Moreno Guillén (PRSD), subdirector de Estudios y Desarrollo. A ellos se suman Jorge Lobos Díaz, jefe de gabinete del director nacional a quien éste conoció en su paso de mediados de los ‘90 por la máxima jefatura de la Dirección General del Crédito Prendario, DICREP; y las funcionarias de carrera María Isabel Moya Vergara, jefa del Departamento de Informática, y Gabriela Huarcaya Bode, subdirectora Jurídica. Tras conocerse estos hechos el Director del Registro Civil Arenas (PPD) mediante resolución exenta Nº 923 resuelve anular la licitación. El Ministro de Justicia Carlos Maldonado solicitó la renuncia del Director Guillermo Arenas (PPD) y de los 4 subdirectores del servicio argumentado ““Esta decisión se ha adoptado teniendo presente la conveniencia y la necesidad de dar absoluta garantía de transparencia, lo que en nuestra opinión como gobierno resultó lesionado a raíz de los antecedentes y de las denuncias que se han recibido en los últimos días respecto de este proceso de licitación” Los subdirectores removidos fueron: Gabriela Huarcaya, subdirectora jurídica; Enzo Pistacchio (DC), subdirector de operaciones; José Andrés Moreno Guillén (PRSD), subdirector de estudios y desarrollo; y Luis Mella Castro (PS) subdirector de administración y finanzas.
Resultado: El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago formalizo a Andrés Contardo por los delitos de cohecho y revelación de secreto. Estuvo casi cinco meses en prisión preventiva, hasta que en septiembre inició el arresto domiciliario que ahora cumple a la espera del término de la investigación. En el intertanto, fue reformalizado por haber revelado a Tata datos de otra licitación del Registro Civil, por US$ 300 millones, para fabricar nuevas cédulas de identidad y pasaportes.
Casos ligados a este tema:
A) Caso PDI: La investigación en el Registro Civil tiene que ver con las irregularidades en licitaciones para la renovación de cédulas y pasaportes y del mejoramiento de la plataforma tecnológica. En ambos casos, la empresa india Tata habría contado con información privilegiada salida desde ese servicio público. Los fiscales Iván Millán y Alejandra Godoy, encargaron con autorización judicial intervenir las comunicaciones telefónicas de Guillermo Arenas entre el 18 de abril y el 25 de junio de 2008. Para ello, la empresa Telefónica instaló en su planta del sector Las Pircas, Peñalolén -cercano a la casa de la ex autoridad-, un equipo llamado RT 6000, donde se almacenaron las escuchas en cintas formato DAT. Tras la diligencia, el propio Donoso retiró el material y lo archivó en un cárdex en su oficina. El 6 de octubre la fiscalía pidió el material y el oficial le entregó el equipo RT 6000 y la totalidad de las cintas. Pero el material que contenía las conversaciones de Arenas estaba en blanco. Ante la insistencia del Ministerio Público, Donoso respondió el 9 y 13 de octubre a través de dos oficios reservados que debido al “deterioro progresivo de sus componentes electrónicos” el equipo había borrado la información de su disco duro y por ende no fue grabado en las cintas”. Sin embargo, el subprefecto Jorge Donoso, jefe del Departamento de Monitoreo Telefónico de la Policía de Investigaciones, PDI, confeso que quemó una cinta con escuchas obtenidas del teléfono particular del ex director del Registro Civil Guillermo Arenas, pero no explicó sus motivaciones para destruir cinta con las comunicaciones.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Marcelo Oyarzabal explicitó ayer que una de las líneas investigativas es la posible vinculación entre Arenas y Donoso. Esto, pues el primero formó parte de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), antes del Registro Civil, lo que lo acerca con Donoso, quien lideraba el departamento de espionaje de la PDI.
Resultado: El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago explicó que hay diligencias que buscan a determinar las motivaciones que tuvo Donoso para destruir el material. Sin embargo, la fiscal explicó que hay diligencias que buscan a determinar las motivaciones que tuvo Donoso para destruir el material.
Caso Dineros Campañas Políticas: La fiscal Alejandra Godoy en una audiencia ante el 7º Juzgado de Garantía confirmó la prisión preventiva del ex prefecto de Investigaciones Jorge Donoso, al hacer oír una escucha telefónica en la cual el ex director del Registro Civil Guillermo Arenas menciona la entrega de fondos a la campaña electoral de Michelle Bachelet.
En el registro telefónico de tres minutos, Arenas habla con un amigo en lenguaje coloquial y le expresa sus dudas a declarar todo lo que sabe en la investigación por irregularidades en la licitación a Tata para renovar la plataforma tecnológica del servicio, por temor a perjudicar a la Presidenta. La grabación fue lograda por un detective, para comprobar que los aparatos de la Unidad de Monitoreo Telefónico de la PDI estaban operativos y que Donoso -ex jefe de la unidad- mintió a la fiscal Godoy cuando informó que estaban en desuso. Guillermo Arenas entregó una declaración pública por intermedio de su abogado Alex Carocca, negando haber utilizado algún recurso en actividades de tipo político mientras fue director del Registro Civil e Identificación.
Por otra parte, en la declaración prestada en octubre ante la fiscal del caso Registro Civil, Alejandra Godoy, por el experto informático Flavio Venturini, por su participación en conversaciones entre Tata y el director de la entidad pública, el PPD Guillermo Arenas, por la licitación de la plataforma tecnológica de ese organismo. Venturini fue citado por la fiscalía tras conocerse una reunión de septiembre de 2006, en la que además de él participaron el presidente de Tata para Chile y la región —que en principio se adjudicó el proyecto—, Henry Manzano, el propio Guillermo Arenas (PPD), y un “gestor de negocios”, Danilo Rivas, quien convocó a todos en su casa para una cena. Junto a Rivas, Venturini intentaba hacer negocios con el Registro Civil aprovechando que el primero tenía una antigua amistad con Arenas y que el segundo conocía a los ejecutivos de Tata. Actuarían así como intermediarios.
De acuerdo con la declaración que realizó Venturini ante Godoy, éste ofreció a Tata que su consultora construyera el “diseño de solución” para la licitación, el cual le sería remunerado y le permitiría incorporarse al consorcio. Claro que finalmente el negocio se frustró, según Venturini, pues no hubo acuerdo respecto de los montos que a él le tocarían por este negocio, y porque se sintió utilizado como “palo blanco para blanquear dinero turbio”.
La declaración de Venturini es la siguiente: “Lo que yo quería era trabajar en el proyecto, pero de lo que realmente me di cuenta es que se trataba de otra cosa, eran platas oscuras. Danilo me explicó que yo tenía que firmar el convenio de negocio…La plata se la iban a pagar a la empresa Venturini Consultores Ltda., y luego una tercera empresa, que no sé cuál era porque Danilo no me dio el nombre, facturaría a Venturini Consultores y ahí nosotros tendríamos que devolverles la plata. Esa era la forma en que se iba a triangular el dinero de la licitación”. Agrega: “Danilo no me dijo cuál era el destino real de los dineros por los cuales nos facturarían, pero sí me dijo que se trataba de “pagar favores políticos y gastos que tiene uno” no indicándome de quién”. También dijo: “La plata, asumo que iba para Guillermo Arenas porque Danilo hablaba de políticos, y el único político que yo conozco que estaba metido en el proyecto era Arenas”. Sobre la triangulación, explicitó: “Del total del dinero señalado en el acuerdo de negocio, la consultora nuestra se quedaría con alrededor de 300 UF al mes, y el resto Danilo o un tercero me lo facturaría a través de otra empresa y tendríamos que pagárselo… Ellos querían un intermediario para sacar la plata y por eso me estaban usando a mí”.
Resultado: No tenemos informes respecto al avance de la investigación.
C) Caso Director realiza mal uso de fondos de representación: La Contraloría General de la República en una Auditoría Integral realizada al Registro Civil detectó irregularidades en contratos a honorarios destinados a funciones que no son propias del Servicio y al arriendo de oficinas que presentaban diferencias en el precio pagado y el contrato. Además en el ítem gastos de representación, protocolo y ceremonial detectó actividades almuerzos, cenas, obsequios y fiestas en las cuales el Servicio no pudo acreditar los gastos hechos en estas actividades. Asimismo, detectaron otra serie de irregularices en contratos a empresas. La suma aproximada de gastos irregulares ascendía a la suma de $400.000.000 de pesos.
Resultado: La Fiscalía Norte formalizó a Guillermo Arenas (PPD) Director del Registro Civil por delito de fraude al fisco.
Ahora busquen la corrupción de este gobierno y lo comparamos.
