La querella por fraude al Fisco que cayó como bomba en el comando de Bachelet a un mes de la elección18 de octubre de 2013 - 15:08 | Por: Nicolás Sepúlveda
La acción judicial de pobladores de la Pintana se presentó también contra Sergio Bitar y Alberto Arenas, y esta semana recibió luz verde por parte de la Corte de Apelaciones. Acusan a la ex mandataria de saltarse procedimientos y de entregar dinero sin control a una concesionaria presidida por el primo del Presidente, Herman Chadwick.
La abogada patrocinante de la causa, Marta Sánchez, explica el fundamento de la acción judicial: “¿Por qué llegamos a la señora Bachelet y a sus dos ministros? Es por la envergadura del negocio en si, las licitaciones, en este caso estaban a cargo de la Presidenta de la República su autorización. Y ella, a través de un decreto supremo, fue la que autorizó la entrega de dinero, y también los ministros, entonces, a ellos nosotros tenemos que recurrir no por una cuestión política o por mero capricho, sino porque existen antecedentes que dan cuenta que ellos lo autorizaron saltándose un procedimiento”.
La vocera de los pobladores de La Pintana que están tras la querella, Roxana Ramírez, explica que siempre se han sentido pasados a llevar en este tema y que ahora buscan que se investigue a fondo lo que pasó: “Nuestros derechos fueron violados en todo sentido, se rieron en nuestra cara. Nos aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado, nos pegaron y nos llevaron presos. Queremos que se investiguen estas platas que se entregaron sin control, que se sepa que pasó. Y ojala que acá se cumpla con una resolución ambiental, y que finalmente se construya el parque que prometieron”.
Sobre las eventuales consecuencias para los involucrados, la querella cita el artículo 239: “El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudase o consintiere que se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficiencia, sea originándoles pérdida o provándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado“.
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