REPORTES INSUFICIENTES
La investigación de CIPER reveló que los controles de la Cámara no sólo son débiles para detectar inconsistencias en las declaraciones juradas de los asesores. Más grave aún es que el sistema de fiscalización no acredita que las asesorías efectivamente se realizaron. Y esto porque muchos de los informes de asesoría que reciben los funcionarios de la Cámara que autorizan los pagos, son sólo reportes genéricos de actividades. La veracidad de estos documentos tiene como único sustento la palabra del asesor y del diputado que lo contrató. Así, sólo con el aval de esas dos firmas, se cursan los pagos.
De hecho, se han acreditado asesorías sin más documentación que un simple correo electrónico de un par de líneas, firmado por otro asesor del parlamentario. Es lo que sucedió el 24 de septiembre de 2012 cuando una asistente del diputado Marcos Espinosa (PRSD) envío un correo a la oficina que supervisa los pagos con este escueto mensaje:
“Junto con saludar y por especial encargo del diputado Marcos Espinosa, acuso recibo y conforme, asesoría externa correspondiente al mes de septiembre del presente año, para efectos de la cancelación de los servicios respectivos” (vea el correo).
Pregunta por incompetencia en el tema: ¿la Contraloría General de la República tiene injerencia en esto? Ojalá fuera así, para que se acredite lo más oficiosamente posible primero si esas asesorías existieron realmente, y luego si los dineros que se declaran como pagados a ellas fueron destinados realmente a la asesoría respectiva.
