Los chilenos podemos tener diferencias en nuestros puntos de vista políticos, pero sabemos las mismas cosas.
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Todos sabemos que los militares retirados presos no lo están por haber tenido intención de delinquir, sino por haber participado en lo que consideraban una guerra interna, donde había un enemigo muy definido que, cuando, podía, los mataba a ellos. Los tenientes Carevic y Zegers, el carabinero Miguel Ángel Tobar, el coronel Roger Vergara y el general Carol Urzúa, por nombrar sólo unas pocas de las 423 víctimas de las balas o bombas extremistas entre 1973 y 1990, acreditan que había una guerra interna. En nuestros días los norteameircanos y los israelíes dan muerte a terroristas dipuestos a matar norteamericanos e israelíes. Lo consideran un deber de seguridad nacional. Hillary Clinton, preguntada sobre qué debía prevalecer, si la seguridad nacional o los derechos humanos, dijo que la primera. Es así en todo el mundo. Entonces, los chilenos de ambos bandos sabemos que los militares presos no lo están por ser delincuentes, sino por combatir al enemigo terrorista como lo hacen todos los países enfrentados al terrorismo.
La segunda cosa que todos, los de ambos bandos, sabemos, es que los uniformados presos son personas que en la vida normal respetan las leyes y los derechos de los demás. Si no, no habrían pertenecido a las fuerzas armadas. Entonces, todos sabemos que están presos por una razón política, no por una razón de protección social. Ninguno de esos presos uniformados es un peligro para la sociedad. Ninguno, absolutamente ninguno, va a convertirse en asaltante, ladrón, violador o asesino. Por eso su hoja de antecedentes es impecable, salvo por los delitos que los jueces les han imputado en su lucha contra el terrorismo de extrema izquierda.
Todavía todos los chilenos sabemos una tercera cosa: que los juicios contra los militares son ilegales. Todos sabemos que hay normas legales que impiden condenarlos y que no hay ni una sola norma internacional que impida eximirlos de responsabilidad penal. Está por ver la luz pública un documentado libro del abogado Adolfo Paul Latorre, “Procesos de Derechos Humanos”, que agota el tema en estas materias y deberá ser en el futuro un texto de estudio acerca de por qué se ha atropellado el Estado de Derecho en los juicios contra militares. Incluso el propio ex Presidente Aylwin, en su famosa carta de 1991 a la Corte Suprema para que no aplicara la amnistía sino hasta la sentencia de los procesos, decía expresamente que su gobierno respetaba la amnistía. ¿Por qué lo dijo así por escrito? Porque la amnistía es una ley vigente y válida y porque no hay razón alguna para desconocerla, salvo la prevaricación (“torcida administración de justicia”) de los jueces.
Como todos los chilenos sabemos esas cosas se establecieron recintos penales especiales para los uniformados. Fue como decir, por unanimidad: “sabemos que estamos cometiendo una injusticia y una arbitrariedad y que por razones políticas tenemos que meterlos presos, pero no los podemos tratar como a delincuentes comunes, porque es obvio que no lo son”. Había un resto de decencia en ese reconocimiento.
Pero en estos días ese resto de decencia se está perdiendo. Una persona dispuesta a todo con tal de remontar en las encuestas, el presidente Sebastián Piñera, no quiere irse del gobierno con el 31 por ciento de aprobación que tiene (encuestas CEP y CERC), porque quiere volver a ser candidato en cuatro años más, y con ese porcentaje no le van a creer el cuento ni en su propia casa. Entonces ha discurrido algo muy simple: que quienes votan en contra de él en las encuestas lo hagan a favor. ¿Cómo? Haciendo algo que les guste. Nada le gusta más a un izquierdista que cometer un atropello contra un militar, porque el militar le impidió establecer lo que más anhela en su existencia: un régimen marxista-leninista. Esos votos busca Piñera en las encuestas, y por eso en “La Tercera” de días pasados un izquierdista tuiteaba: “Si Piñera cierra Cordillera, voto por él en la próxima elección”. Eso es.
Ahora el debate se ha renovado porque la izquierda vengativa no ha visto restañados sus odios pese a la campaña publicitaria triunfal que ha desarrollado estas últimas semanas. Parece que ella le ha atizado más el odio. Y Piñera quiere sus votos en las próximas encuestas. Y entonces empujan para el mismo lado: tratar a los militares presos como delincuentes comunes. Hacinarlos en un penal.
Pero todos sabemos, los de ambos bandos, que eso sería una indecencia. ¿Somos capaces los chilenos de cometer tal indecencia? Ya lo creo que lo somos. Pero eso tiene un costo. Ya el Plan Ahora, de la familia militar, ha llamado a anular el voto para diputados en la próxima elección. Los uniformados no salen a la calle, no usan la fuerza en democracia, soportan estoicamente las ilegalidades de los jueces de izquierda (Alejandro Solís se retiró tras imponer decenas de condenas sin pruebas a Miguel Krassnoff y NUNCA lo interrogó, siendo ése un trámite esencial).
En estos días los chilenos estamos por someternos a la prueba de la decencia, consistente en no profundizar las indecencias que ya hemos cometido. Bueno, yo pronostico que no la vamos a pasar.
