El embajador español (en Chile) pateando la perra en las cartas de hoy en el Mercurio:
La expropiación de Repsol YPF
Iñigo de Palacio
Embajador de España
Preguntado hace días por mis primeras impresiones ante el anuncio de la expropiación del 51% de la propiedad de la empresa Repsol YPF prevaleció el lado emotivo, mostrando perplejidad y profundo malestar, como había hecho mi gobierno. La imagen de los directivos españoles siendo expulsados de la sede bonaerense cuando aún no había siquiera concluido la alocución presidencial que daba cuenta de la medida, en nada se compadecía con las relaciones históricas, fraternas y de diálogo y cooperación mantenidas siempre con el pueblo argentino. Su gobierno había decidido hacer tabla rasa de todo ello. Lejos quedaba la solidaridad que Argentina y España mostraron en pasadas épocas ante sus adversidades respectivas.
Para el gobierno español la decisión ha supuesto la ruptura del clima de fraternidad que había imperado siempre entre nuestros gobiernos, marcando la ruptura del acuerdo verbal del 28 de febrero entre el ministro español Soria y los ministros Lorenzini y De Vido, que se resumía en que los contenciosos existentes entre YPF Repsol y el gobierno argentino se resolverían mediante el diálogo. Dicho acuerdo nunca se materializó, ni obtuvimos respuesta a las peticiones reiteradas de diálogo para alcanzar una solución aceptable.
La sociedad española, al revisar las hemerotecas, observa esta decisión con indignación y perplejidad. ¿Qué pasó para que los mismos privatizadores de ayer se convirtieran en los expropiadores de hoy? ¿Cómo es posible que en tres meses el gobierno argentino pasara de elogiar públicamente y agradecer a Repsol YPF su gestión y compromiso con Argentina, considerándola una empresa modelo, a consumar una campaña de acoso y derribo que ha provocado el hundimiento del valor de la compañía justo antes de la discriminatoria expropiación sin ni siquiera ofrecer un previo justiprecio?
Se ha dicho que Repsol YPF no ha invertido lo suficiente en sus operaciones argentinas y que su política de reparto de dividendos ha sido perjudicial. El gobierno argentino ha conocido y aprobado sistemáticamente los proyectos de inversión de la compañía, no en vano guardaba la "acción de oro", y tenía una representación clave en sus órganos de gobierno. Desde su adquisición, Repsol YPF había invertido en torno a los 20 mil millones de dólares, y desde 2006 la cantidad de 12.618 millones de dólares invertidos fue claramente superior a los resultados de 7.900 millones de dólares. En 2011 se alcanzó la cifra extraordinaria de 2.990 millones de dólares de nueva inversión, a pesar de la política continuada de subsidios y precios por debajo del mercado impuesta por el gobierno argentino que hace inviable cualquier política energética. Sus alegaciones quedan muy en evidencia por el solo dato de que administrando únicamente el 33% de las reservas de petróleo y gas, la empresa española ha venido abasteciendo el 60% del mercado argentino, lo que significa que el resto de empresas del sector debían ser mucho menos eficientes y además no invertían lo necesario para el adecuado rendimiento de sus recursos. Si Repsol YPF no hubiera invertido lo suficiente, ¿cómo se habría podido establecer el potencial del yacimiento de Vaca Muerta, por el que ahora todas las codicias se desatan en el país vecino?
El gobierno argentino denuncia ahora la política de distribución de dividendos, pero esa política fue aprobada por él en todos sus términos y fue la condición que se dictó a Repsol YPF para imponer la entrada de un nuevo socio argentino, actualmente en posesión del 25% del capital, quien apalancó la operación de compra, milagrosamente, sin aportación de capital y vinculándola a la devolución de préstamos -incluso de Repsol YPF- mediante los dividendos del futuro, que ahora es dudoso que lleguen...
Hoy las acciones de Repsol YPF valen un 60% menos que al inicio de la campaña de hostigamiento llevada a cabo por el gobierno argentino, cuyos detalles causarán estupor cuando se sustancien los procedimientos en derecho. Las descalificaciones contra Repsol YPF se sucederán ahora, en el estilo populista usual, con el fin de vaciar definitivamente su cartera de valor tras la expropiación.
No es el momento del exabrupto y la ofensa, una vez consumada la quiebra de la confianza entre los dos gobiernos que siempre debió ser preservada. Y ello a pesar del carácter profundamente discriminatorio de la medida, que declara la utilidad pública de todo el sector, decreta la nacionalización y expropiación de una sola empresa -YPF- y expropia las acciones de un solo socio de esa empresa -Repsol-. Ante eso, es ahora el momento de garantizar la supremacía del derecho y la justicia.
La medida del gobierno argentino es injustificada y contraria al derecho y a los compromisos asumidos por el gobierno argentino al tiempo de la privatización de YPF, pues para modificar el estatuto actual debería haber lanzado una oferta pública de acciones (OPA) sobre el 100% del capital de la compañía y pagar el precio resultante de acuerdo con las cuatro fórmulas incluidas en los estatutos de la compañía y la Ley de Privatización de YPF aprobada en su día. Los inversores extranjeros saben ya, y para el futuro, para lo que sirven los compromisos asumidos por el actual gobierno de Buenos Aires.
La medida no es sólo antijurídica, discriminatoria e injustificada sino que es contraria -por si de algo sirve recordarlo en Buenos Aires- al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones, de 3 de octubre de 1991, vigente entre el Reino de España y la República Argentina.
Ya lo han dicho los buenos internacionalistas españoles que siguen con asombro el caso. "¿Puede un Estado expropiar propiedades extranjeras? Sí. El derecho internacional general reconoce esa facultad siempre que el Estado expropiante la ejerza de manera respetuosa con el propio sistema internacional: que sea por causa de utilidad pública -controlable jurisdiccionalmente y no con meras afirmaciones panfletarias-, que no haya discriminación, que se dé una compensación adecuada (justa, rápida, efectiva en divisa convertible y adecuada) y que se respeten los compromisos internacionales contraídos". Nada de eso se ha producido. Ojalá que la prudencia y el buen sentido comiencen a imperar en el tratamiento de este asunto en el país trasandino, pero a juzgar por la ejecutoria argentina en las instancias internacionales de solución de controversias, no cabe albergar mucha esperanza. Como español y amigo del pueblo argentino lo lamento profundamente.
